Derechos y favores

¿Quiere el PP eliminar el derecho a la copia privada? Este artículo de El País presenta el interesante debate entre David Cierco, director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, y José Ignacio Echániz, secretario de Nuevas Tecnologías del Partido Popular. Mención aparte de la posible tendenciosidad del titular, el hecho es que refleja la cuestión lanzada al aire por Cierco: ¿qué implicaciones tiene la postura contra el canon del PP?

El derecho a la copia privada está unido a su compensación, y ésta se realiza a través del canon digital. Sólo de un modo delegado puede afirmarse que estar contra el canon supone propugnar la supresión del derecho de copia; es posible proponer modos de compensación diferentes (algo que, a día de hoy, el PP no ha hecho). Pero, suponiendo cierto el silogismo, ¿qué se propone desde la bancada popular? Explícitamente, nada.

Implícitamente, se debería proponer la única alternativa jurídica al derecho a la copia privada. Mención aparte de la anarquía —habría que ver cómo está tratada la propiedad intelectual en la jurisdicción congoleña, por ejemplo—, me refiero al Fair Use anglosajón, traducible como “uso aceptable de una obra bajo copyright”. Hay mucho que desbrozar al respecto, pero es posible estar de acuerdo en que, mientras que la copia privada supone un derecho del ciudadano, garantizado por el sistema legal, y que por tanto deja en manos de un eventual demandante la prueba de culpabilidad, el Fair Use es mucho menos específico: un contrato implícito entre un autor (o cualquier parte que tenga transferidos los derechos de copia, como distribuidores o sociedades generales de variopintos pelajes) y un consumidor. Un aspecto peligroso: en caso de demanda por violación de copyright, la defensa que invoque un “uso aceptable” de la obra en litigio tiene sobre ella el peso de la prueba, lo que obliga al demandado a gastar recursos en el proceso de los que puede no disponer, sobre todo en el caso de ciudadanos particulares.

Es precisamente en jurisdicciones donde el Fair Use es ley en las que pueden prosperar demandas contra los piratas de la mula, como en el caso Capitol contra Thomas, en el que una mujer de Minnesota, Jammie Thomas, fue condenada a pagar 220.000 dólares por compartir 24 canciones en la red KaZaA. Por motivos como éste, considero que el derecho de copia privada protege mejor los intereses del público en su conjunto; otra cosa es la idoneidad de la compensación o de su forma recaudatoria, y es a este campo al que habría que trasladar el debate, ya de por si suficientemente demagógico.

Nacionalizar la SGAE

O abolir el monopolio en la gestión de derechos de autor. Como trabajador intelectual, no estoy necesariamente en contra del canon; supone una presunción de culpabilidad para el usuario final, pero sólo porque está presentado con dosis generosas de autocompasión y escasas de prudencia por parte de la industria en general y de nuestro entrañable amigo Teddy Bautista en particular. Obviando este nimio —e inconstitucional— detalle, el canon, decía, no es necesariamente perverso.

Sí lo es, opino, la sociedad que gestiona, en régimen de monopolio, los derechos de autor en este país, y por una cuestión de principios que puedo resumir en una frase:

Lo único, público.

En una economía europea, en constante tensión entre la libertad de mercado y la regulación del Estado, un monopolio privado es una anomalía seria que afecta a las condiciones más elementales de concurrencia entre productores y consumidores, así como a los derechos de ambos. La Comisión Europea intenta, con el apoyo de los Gobiernos de la UE, corregir estos cánceres económicos, como en el ya largo caso de Microsoft. ¿Qué hacer con la SGAE? A falta de uno, propongo dos planes:

  • Liberalizar la gestión de derechos de autor. Las diferentes sociedades podrían competir entre sí mediante la segmentación de servicios ofrecidos a los creadores. Como punto en contra, se favorecería la creación de un ecosistema ineficiente de gestores, auditores y consultores independientes (como en cualquier otro mercado, vaya). No menos importante, el sistema requeriría de vigilancia constante para evitar su reversión a una situación monopolística por adquisiciones y fusiones o, más probablemente, por colusión de entidades y formación de un oligopolio.
  • Nacionalizar la gestión de derechos de autor. Se terminaría así con la opacidad del reparto, que obedecería además a criterios sociales y no a la supuesta “importancia” de un creador. A cambio, se facilitarían situaciones de clientelismo político —que, para hacer honor a la verdad, tampoco son desconocidas en la situación actual.

Ambas son posturas válidas, si bien ideológicamente opuestas. Personalmente, me inclino por la segunda opción, pero respeto la primera y aprecio sus virtudes; lo que no es aceptable es mantenella y no enmendalla. Si pretendemos una gestión privada de los derechos de autor, hay que desmontar el monopolio de la SGAE. Si, por el contrario, queremos una sociedad de autores única, tiene que ser de todos. Lo de ahora recuerda, algo más que vagamente, los pasados tiempos de los sindicatos verticales.